May
07
Los discursos de la transición. Una retrospectiva
Entre las muchas fracturas que dividieron a la comunidad política e intelectual durante la transición en México —y que en alguna medida sigue pesando en el ánimo y la praxis de muchos actores políticos después de la alternancia—, una muy importante tuvo que ver con las estrategias deseables para el cambio democrático. En los extremos de este debate pueden reconocerse dos posiciones...
Por César Cansino1. Los usos de la transición
Entre las muchas fracturas que dividieron a la comunidad política e intelectual durante la transición en México —y que en alguna medida sigue pesando en el ánimo y la praxis de muchos actores políticos después de la alternancia—, una muy importante tuvo que ver con las estrategias deseables para el cambio democrático. En los extremos de este debate pueden reconocerse dos posiciones: los defensores de un reformismo gradualista controlado por el Estado y los partidarios de una transición pactada que colocase en igualdad de circunstancias a todos los actores políticos, gubernamentales o no, en la perspectiva de instaurar por consenso auténticas reglas del juego e instituciones democráticas.
La primera de estas posiciones fue largamente hegemónica durante los últimos años del viejo régimen, y en algunos aspectos sigue siéndolo para el nuevo. Para que ello fuera posible, sus partidarios supieron esgrimir las más variadas justificaciones para colocar al Estado como actor central del proceso de transición. Sin embargo, más allá del discurso oficial, la elite gobernante priista nunca mostró una auténtica voluntad de transformación democrática. En efecto, de las entrañas del Estado mexicano nunca surgió un Gorbachov o un Adolfo Suárez que se comprometiera con y encabezara los esfuerzos hacia una efectiva transformación del régimen priista, bajo el entendido de que muy pocas cosas podrían conservarse de éste en un arreglo institucional verdaderamente democrático. Considérese a este fin las características del otrora “partido oficial”, cuya condición de partido de Estado lo convertía en uno de los últimos remanentes autoritarios en el mundo de fin de siglo. En consecuencia, el reformismo gradualista controlado por el Estado más que llamar a la transición contribuyó a que el régimen priista perdurara varios años más pese a que ya acusaba señales más que evidentes de desgaste y decadencia.
La segunda posición, la transición pactada, no necesariamente era anti-gradualista o anti-reformista, es decir, radical o revolucionaria, sino que simplemente aspiraba a que todos los actores políticos, pero sobre todo los partidos, y no sólo el Estado, tuvieran un mayor protagonismo y participación en el proceso de construcción de la democracia. Asimismo, consideraba que la transición no podía prosperar mientras no se aprobaran por consenso las nuevas reglas del juego político, lo cual no se reduce a la aprobación de cada vez mejores leyes electorales sino que necesariamente debe conducir a una reforma integral del Estado y al diseño de una nueva Carta Magna. Dado que esta posición no se ha concretado aún, pese a la alternancia conseguida en el 2000, sigue siendo más una aspiración que una realidad. A su favor, sus partidarios sólo cuentan con la evidencia de que ninguna transición democrática en el mundo ha prosperado sin un acuerdo democrático amplio y sin el concurso de los distintos actores políticos en su conjunto.
Existen razones prácticas e ideológicas que explican el triunfo de la primera posición sobre la segunda en los años previos a la alternancia. Entre las primeras, es indudable que la elite priista supo neutralizar o minimizar durante décadas el impacto de la disidencia. Asimismo, esa elite política, fiel al pragmatismo que la caracterizó siempre, actúo con una lógica “liberalizadora” más que “democratizadora”, según la cual si no había necesidad o apremio de pactar la transición y sentar las bases de un nuevo ordenamiento jurídico-político, o sea si no existían condiciones verdaderamente adversas o amenazantes que pusieran en riesgo su continuidad, no había por qué hacerlo.
Entre las razones ideológicas, están el conjunto de justificaciones que los partidarios del gradualismo controlado por el Estado y los ideólogos del viejo régimen priista elaboraron sistemáticamente. El objetivo de este ensayo es precisamente reconocer algunos de los engaños discursivos generados de este modo en torno a la transición democrática, así como descubrir en estos argumentos muchas veces revestidos de populismo las justificaciones con las que la elite gobernante buscó preservarse en el poder y/o hacer prevalecer sus preferencias sobre los tiempos y las modalidades de apertura democrática del régimen.
En efecto, en nombre de la transición democrática, la elite priista propaló diversos engaños. Más aún, el tema de la transición fue ocupado discursivamente desde el poder, con lo cual se convirtió en un componente más para legitimar las acciones de la elite gobernante al tiempo que se debilitaba su valor meramente explicativo y/o descriptivo. Pero se trataba de argumentos vacíos que no se sostenían en la realidad, y que lejos de revelar una voluntad de cambio real encubrían la mayor de las intransigencias.
Para proceder con este análisis no hay mejor anclaje teórico que el proporcionado por el conocido científico social Albert O. Hirschman en uno de sus libros más polémicos: Retóricas de la intransigencia.[1] En efecto, este autor nos sugiere en este texto tanto un método como una tipología para aproximarnos al estudio de los discursos políticos y sus mensajes ocultos.
Pero antes de resumir tales premisas teóricas debe precisarse que para el caso de este estudio se considerarán como “reaccionarios” a los partidarios del reformismo gradualista controlado por el Estado, y “progresistas” a los partidarios de la transición pactada. Esta clasificación no es arbitraria. La apertura democrática que experimentó el régimen priista no fue precisamente resultado de una concesión de la elite gobernante por razones de buena voluntad, sino un una conquista de movimientos y organizaciones políticas y sociales emergentes. Así, el imperativo del cambio democrático estuvo tensado por dos proyectos opuestos: el de los partidarios del viejo régimen, preocupados más en conservar sus prerrogativas y en ganar tiempo ante la inminencia del cambio, y el de los partidarios propiamente del cambio, por considerar que el régimen priista, aunque consintió en algún momento la apertura de mayores espacios de pluralidad y competencia, era sustancialmente un régimen autoritario. De acuerdo con ello, los primeros son más bien “conservadores” y los segundos “reformistas”; los primeros se encuentran más a la defensiva frente a los agentes del cambio y en esa medida reaccionan frente a sus adversarios, mientras que los segundos buscan la ofensiva por cuanto portadores de un proyecto alternativo al entonces vigente. Con todo, el empleo de los adjetivos “reaccionario” y “progresista” se hace más con fines de exposición que de calificación, aunque no desconocemos las connotaciones de valor con las que muchas veces se asocian. Más aún, con el empleo de la expresión “reaccionario” nos estaremos refiriendo sobre todo a su sentido de “reacción a algo”. Por ello, estas expresiones aparecerán en ocasiones entrecomilladas en el texto.
El problema con nuestro caso de estudio es que ambos proyectos, el conservador y el progresista, suelen confundirse y empalmarse. En efecto, en el nivel de los argumentos, era común que los reaccionarios se vistieran de progresistas mientras que los supuestamente progresistas eran satanizados por los conservadores. De ahí, precisamente, la importancia de examinar este tema, pues no cabe duda que los discursos políticos juegan un papel fundamental en las prácticas políticas. No sólo encubren, justifican o legitiman, sino que también intimidan, confunden, retardan. Quizá por ello, también encontremos aquí algunas claves para entender por qué la gran expectativa de cambio que se abrió con la alternancia no ha podido prosperar en la nueva era más allá de algunas transformaciones superficiales.
2. Una premisa teórica
En su libro Retóricas de la intransigencia, Hirschman parte de una premisa: los discursos políticos y otros muchos no están configurados necesaria o solamente por rasgos fundamentales de personalidad de quienes los elaboran, sino también por los imperativos de la argumentación, casi sin tener en cuenta los deseos, el carácter o las convicciones de los participantes. En ese sentido puede hablarse de una “retórica reaccionaria”, un discurso que gira sobre sí mismo, tanto en una vertiente liberal como en una “progresista”. La consecuencia obvia de la retórica como reacción es la intransigencia, la intolerancia y la incomunicación entre adversarios, la descalificación y la demonización del otro, el engaño por sistema, etcétera. De esta manera, la democracia, que teóricamente se funda en la pluralidad de grupos ideológicamente definidos, con opiniones diferentes en cuestiones centrales de política, se amuralla en facciones irreconciliables, abriendo brechas insalvables.[2]
Partiendo de esta premisa, Hirschman buscará construir una tipología sobre los tipos formales de argumento o de retórica reaccionarios, un modelo que permita reconocer las principales posturas y maniobras polémicas que probablemente adoptarán los que se proponen desbancar y derrocar las políticas y los movimientos de ideas “progresistas”. Para ello, Hirschman emprende un recorrido histórico de doscientos años de retórica reaccionaria o de, más precisamente, olas reactivo-reaccionarias frente a sucesivos movimientos “hacia adelante” o progresistas, desde las ideas que se opusieron después de la Revolución Francesa a la afirmación de la igualdad ante la ley y de los derechos civiles en general, hasta la crítica más reciente al Estado benefactor y las tentativas de deshacer o reformar algunas de sus medidas, pasando por el largo movimiento que en su tiempo se opuso al sufragio universal.
La tipología propuesta por Hirschman reconoce tres grandes tipos formales de tesis reactivo-reaccionarias: a) la tesis de la perversidad o del efecto perverso, b) la tesis de la futilidad y c) la tesis del riesgo.
Según la tesis de la perversidad toda acción deliberada para mejorar algún rasgo del orden político, social o económico sólo sirve para exacerbar la condición que se desea remediar. La estructura de este argumento es admirablemente sencilla, mientras que la pretensión expresada es bastante extrema. No sólo se afirma que un movimiento o una política errará su meta o provocará costos inesperados o efectos secundarios negativos: más bien, según este argumento, la tentativa de empujar a la sociedad en determinada dirección resultará, en efecto, en un movimiento, pero en la dirección opuesta. Sencillo, sugestivo y devastador, el argumento de la perversidad ha resultado popular entre generaciones de “reaccionarios” a la vez que bastante efectivo entre el público en general.[3]
Sin embargo, sobre este argumento Hirschman aclara que: “Debido al temperamento tercamente progresista de la era moderna los ‘reaccionarios’ viven en un mundo hostil. Están en contra de un ambiente intelectual que atribuye un valor positivo a cualquier objeto elevado puesto en el programa social por los autodeclarados ‘progresistas’. Dada esta situación de la opinión pública probablemente los reaccionarios no lanzarán un ataque total contra ese objetivo. Más bien lo apoyarán, sinceramente o no, pero intentarán después demostrar que la acción propuesta o emprendida está mal concebida; en realidad, en el caso más típico, exclamarán que esa acción producirá, por intermedio de una cadena de consecuencias imprevistas, exactamente lo contrario del objetivo que se proclama y persigue.
Por su parte, la tesis de la futilidad sostiene que las tentativas de transformación social serán inválidas, es decir, no logran “hacer mella”. De una u otra manera, todo pretendido cambio es, fue o será en gran medida de superficie, de fachada, cosmético, y por tanto ilusorio, pues las estructuras “profundas” de la sociedad permanecen intactas. La eficacia de este argumento radica en su capacidad para ridiculizar o negar las posibilidades del cambio y los esfuerzos en esa dirección, a la vez que sus partidarios subrayan o hasta celebran la persistencia del status quo. En ese sentido, la demostración o el descubrimiento de que la acción es incapaz de hacer mella deja a los promotores del cambio humillados, desmoralizados, dudosos del significado y la verdadera motivación de sus esfuerzos.[4]
Con respecto a la tesis de la perversidad, la tesis de la futilidad muestra rasgos peculiares. Como sostiene Hirschman más adelante: “Ambas tesis se basan en visiones casi opuestas del universo social y de la acción social y humana intencional. El efecto perverso mira el mundo social como notablemente volátil, con movimientos que llevan siempre de manera inmediata a una diversidad de movimientos contrarios insospechados; los abogados de la futilidad, por el contrario, ven ese mundo como sumamente estructurado y desenvolviéndose según leyes inmanentes, que las acciones humanas son ridículamente impotentes para modificar.”
Finalmente, la tesis del riesgo arguye que el costo del cambio o reforma propuesto, aunque acaso deseable en sí mismo, es demasiado alto, dado que se pone en peligro algún logro previo y apreciado. Obviamente, se trata de un argumento poderoso contra toda nueva reforma. Para ser efectivo, este argumento debe ser persuasivo, debe demostrar de manera comparativa que los costos de una reforma son superiores a sus beneficios. Así, quien la sostiene queda resguardado por un ropaje aparentemente progresista. Existen dos tipos distintos de posibles argumentos del riesgo: a) la democracia pone en riesgo la libertad y b) el Estado benefactor pone en riesgo la libertad o la democracia o ambas cosas.[5]
En un texto posterior, Hirschman demuestra que la tesis del riesgo está asociada a un “síndrome de estancamiento” más o menos extendido en la población. La animadversión hacia una reforma determinada, según este argumento, no se induce exacerbando sus posibles consecuencias perversas o fútiles, sino porque dicha reforma puede contravenir una secuencia de avances considerada como lógica, a veces acelerándola innecesariamente y otras estorbándola peligrosamente.[6]
Hasta aquí la tipología propuesta por Hirschman sobre los tipos de argumentos retóricos más comúnmente empleados por la reacción frente a los movimientos “progresistas”, “revolucionarios” o “reformistas”. Con estos elementos podemos pasar ahora a examinar y caracterizar la lógica del discurso político en un caso concreto como el mexicano, claramente articulado durante su transición en torno a líneas de conflicto como autoritarismo-democracia, transición controlada-transición pactada, liberalización- democratización, reforma electoral-reforma constitucional, reforma política-cerrazón institucional. En suma, cambio-continuidad.
Pero antes de ello conviene advertir que los “reaccionarios” no tienen el monopolio de la retórica simplista, perentoria e intransigente. De hecho, también desde el extremo “progresista” pueden reconocerse argumentos similares a los encontrados para los “reaccionarios”. Sin embargo, en la retórica progresista existen también argumentos peculiares a su condición de supuestos promotores del cambio. Así, por ejemplo, prevalece un excesivo idealismo sobre lo que sustituirá a lo viejo, un finalismo optimista. El único riesgo para ellos es la inacción, el inmovilismo. Se defiende por ello una tesis del riesgo inmanente, un riesgo que deriva de que todo siga igual. Obviamente se trata de una retórica al igual que la tesis reaccionaria del riesgo, porque ninguna de las dos cuenta con suficientes elementos para establecer con certidumbre los peligros o los beneficios tanto de la acción como de la inacción. Por otra parte, frente a la tesis de la futilidad que presupone leyes que desalientan de modo radical la acción humana, los progresistas defenderán leyes contrarias sobre el movimiento social y la superación de las contradicciones, que legitiman precisamente la praxis revolucionaria. Finalmente, frente a la tesis reaccionaria de la perversidad, ha subsistido la tesis progresista que afirma la necesidad de reconstruir la sociedad desde sus cimientos según los dictados de la “razón”. Subyace en este argumento retórico un predicamento desesperado, según el cual un pueblo se encuentra en una disyuntiva histórica que lo obliga a superar el viejo orden y a reconstruir uno nuevo desde la nada, pero sin tener presente ninguna consecuencia contraproducente que pueda derivarse de ello.[7]
3. Las retóricas “reaccionarias”
Como vimos en el inciso anterior, las retóricas reaccionarias pueden clasificarse según tres tipos de argumentos: la tesis de la perversidad, la tesis de la futilidad y la tesis del riesgo. Utilizando esta misma tipología examinaré a continuación algunos de los argumentos más comunes esgrimidos por la elite gobernante en México y, más específicamente, por los partidarios del gradualismo controlado por el Estado frente al avance del reclamo democrático de los tiempos recientes y frente a las posiciones más progresistas de quienes planteaban una transición pactada.
El objetivo es reconocer las principales posturas y maniobras polémicas que escondían los discursos oficiales con respecto al tema de la transición democrática. Para ello, comenzaré por las tesis del riesgo por ser este tipo de argumentos los más recurrentes en nuestro caso de estudio.
a)Las tesis del riesgo
En su forma más simple, este argumento reaccionario puede representarse con la siguiente proposición: la acción prevista traerá consecuencias desastrosas.
En el caso de México es posible reconocer múltiples argumentos retóricos con esta forma elemental. Al efecto, considérense los siguientes tres ejemplos:
Ejemplo 1. Una apertura democrática sin frenos o controles puede acarrear serios problemas que amenacen la continuidad del proyecto económico.
Esta proposición circuló ampliamente durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Pudo seducir a muchos mientras los asuntos económicos iban aparentemente por buen camino, pero con el conflicto de Chiapas, la creciente violencia política, los muchos conflictos postelectorales y la ulterior crisis económica, quedó sin sustento alguno y se reveló como un engaño más. Los defensores de esta posición solían poner como ejemplo algunas transiciones de Europa del Este, donde al ser simultáneas las liberalizaciones económica y política se producían conflictos sistémicos que amenazaban la continuidad de cualquier proyecto económico. Otros argumentaban, por el contrario, que sólo con un Estado fuerte, es decir, con la suficiente capacidad de control de los elementos amenazantes al orden establecido, podía garantizarse la continuidad del ambicioso proyecto económico propuesto por el gobierno en turno (o, lo que es igual, Perestroika sin Glasnot, para utilizar la terminología de la época).
Llama la atención que después de desatarse la crisis económica de 1994 la mayoría de los intelectuales o ideólogos defensores y aduladores del expresidente Salinas también terminó condenándolo o satanizándolo, pero sin hacer una autocrítica de su propia contribución indirecta tanto en la creación de expectativas falsas como en la postergación, por ellos solapada, de la apertura política.
Ejemplo 2. La transición promovida por el gobierno es gradual pero segura. De lo que se trata es de “pavimentar el terreno” no de construir castillos en el aire.
Este tipo de recursos argumentativos es muy frecuente. Es una metáfora del finalismo que en nombre de un futuro “cuasiexistente”, inevitable y/o posible, busca obtener un voto de confianza en el presente. Pero el sustento de esta afirmación cae por su propio peso. En primer lugar, el futuro no existe, por lo que insertarlo en un discurso de poder sólo puede hacerse de manera instrumental e ideológica. Claro está que de esta tendencia discursiva no está exento prácticamente ningún actor político, independientemente de su filiación partidista. En segundo lugar, no existen garantías de que lo proyectado se concrete, y mucho menos cuando lo que está en juego es la instauración de un nuevo ordenamiento político, considerando que toda transición es incierta por definición. En tercer lugar, suponer que el éxito de una transición reside en su larga duración es una falacia insostenible si se consideran otros procesos de transición en el mundo. El éxito de una transición no depende de su lentitud o rapidez sino de los equilibrios de fuerza y del grado en que son admitidos plenamente los actores no gubernamentales en las negociaciones por el cambio. En síntesis, con argumentos de este tipo se buscaba deliberadamente conferir al Estado el respaldo necesario para proseguir con un proyecto de cambio democrático lento, gradual y controlado, no obstante que en los hechos los signos de cambio no aparecían más que esporádicamente.
Más aún, contrariamente a esta visión optimista del futuro, la lentitud con la que se abrió el régimen político priista fue siempre a la zaga de las enormes expectativas acumuladas en la sociedad por un cambio democrático efectivo. En ese sentido, de ser cierta esta apreciación, la lentitud del proceso de apertura, en lugar de asegurar la transición, la condujo a un callejón sin salida cuyos muros fueron la cerrazón autoritaria institucional y la intransigencia más recalcitrante. Baste pensar al respecto en el alarmante proceso de militarización que experimentó el país desde principios de 1996 como respuesta del gobierno de Ernesto Zedillo a la emergencia de grupos disidentes armados. Esta reacción del gobierno sólo puso en evidencia una lógica de controles autoritarios para preservar un régimen político que no se fundaba precisamente en un Estado de derecho.
Ejemplo 3. El PRI es el único partido que cuenta con la experiencia necesaria para gobernar, por lo que el eventual triunfo de un partido de oposición sólo puede generar caos y violencia.
Esta proposición es una variante de aquellas que sostienen efectos perversos, pero se emplea sobre todo en tiempos electorales. Aunque sus implicaciones retóricas pudieran resultar obvias, su empleo sistemático tuvo un peso simbólico importante en el imaginario social, como de hecho ocurrió en las elecciones federales de 1994. Entre otras cosas, se trataba de un engaño porque no hay razones para suponer que un relevo partidista en el poder debía ir acompañado de caos y violencia. Por el contrario, resulta lógico que la enorme masa de trabajadores al servicio del Estado estaría con el partido ganador, independientemente de cual sea, por no mencionar a un buen número de políticos, funcionarios e intelectuales oportunistas que preferirán conservar sus posiciones o sus privilegios antes que deslindarse políticamente. En esas circunstancias, los únicos que se beneficiarían de la violencia serían tanto el partido de Estado como la elite gobernante en caso de que no se resignaran a ceder pacíficamente el poder.
b)Las tesis de la perversidad
En su forma más simple, este argumento reaccionario puede representarse con la siguiente proposición: una nueva reforma o una reforma radical puede tener un efecto contrario al deseado.
En el caso de México es posible reconocer múltiples argumentos retóricos con esta forma elemental. Al efecto, considérense los siguientes tres ejemplos:
Ejemplo 1. Una apertura política sin frenos o controles puede generar respuestas autoritarias y un retroceso en las libertades alcanzadas.
De las justificaciones que examinaré aquí, ésta es una de la más peligrosas pues buscaba conferir legitimidad y respaldo a las acciones del gobierno en nombre de un fantasma que a todos alejaba: la violencia y su rostro institucional. Dicho de otra manera, más vale confiar en la buena voluntad del gobierno si pretendemos evitar una cerrazón autoritaria. Es claro que justificaciones de este tipo buscaban solapadamente reforzar la razón de Estado. En el terreno del debate intelectual hay quien afirmó, apoyándose en esta proposición, que la democratización que ha vivido nuestro país en los últimos años hace que la actividad intelectual que sólo sirve para reproducir la espiral polarizadora sea irresponsable porque puede contribuir a rupturas autoritarias. Obviamente, sólo es posible estar de acuerdo con posiciones de este tipo si nos adscribimos a una concepción del intelectual como cortesano administrador de armonías. De esta manera, se propondría una conciliación de los intelectuales casi ecuménica: seamos cautos, no despertemos la ira de los dioses. Lejos de ello, el único compromiso formal de los intelectuales es con las ideas y con la crítica radical de éstas. Que de ellas se lleguen a generar conflictos no forma parte de la responsabilidad intrínseca del quehacer intelectual.[8]
Ejemplo 2. Las posiciones maximalistas e intransigentes de algunos partidos de oposición en lugar de facilitar la transición la dificultan.
Como salta a la vista, esta afirmación buscaba exonerar al gobierno y el partido gobernante de su responsabilidad en la lentitud del cambio democrático. Más aún, según esta posición, la verdadera voluntad de cambio emanaba del propio gobierno y era responsabilidad de los distintos actores políticos marginarse o no de la transformación que genuinamente promovía. Más allá de que la elite gobernante intentó difundir esta imagen con la ayuda de los medios y de muchos periodistas e intelectuales, el hecho es que el tema de la reforma del Estado siguió entrampado durante el viejo régimen, pues nunca se alcanzó un consenso de base entre los distintos actores políticos. En consecuencia, aun en el caso de que efectivamente algunos partidos de oposición hubieran adoptado posiciones maximalistas, fue precisamente el gobierno el actor más intransigente de todos, por cuanto concebía a la transición como un asunto de su exclusiva competencia. Además de disponer de los recursos y los medios necesarios para controlar y manipular la transición, el gobierno nunca aceptó que en un proceso efectivo de democratización quien más tendría que conceder es precisamente el partido gobernante.
Ejemplo 3. El perfeccionamiento de las leyes electorales ha conducido a una democracia plenamente competitiva. Querer ir más lejos amenaza los avances logrados.
Con este argumento no sólo se justificaba el reformismo electoral como estrategia del cambio democrático sino que se afirmaba que ya se contaba con una democracia plenamente competitiva como resultado de esa estrategia. Obviamente, ambos juicios son equivocados. En primer lugar, si las leyes electorales fueran verdaderamente imparciales no hubieran sido objeto de largas discusiones ni continuas revisiones y negociaciones. En segundo lugar, era precisamente el carácter limitado e imperfecto de la legislación electoral, aunado a la persistencia de muchas prácticas e inercias autoritarias, lo que hacía inequitativa de origen la competencia electoral.
En ese sentido, esta afirmación no sólo era un engaño sino también una trampa, pues utilizaba como argumento la apariencia de mayor competitividad en el país para justificar la pertinencia de las leyes electorales y del reformismo en este ámbito, cuando eran precisamente las limitaciones en ambos aspectos las que aceleraron el deterioro político del régimen autoritario. El reformismo electoral controlado por el Estado, en lugar de neutralizar y/o eliminar los conflictos postelectorales por la vía institucional, muchas veces los hacía estallar; y en lugar de garantizar una mayor legitimidad al régimen, lo desacreditaba cada vez más.
Quienes pese a estas evidencias de deterioro continuaron defendiendo el reformismo electoral como estrategia del cambio democrático solían remitirse al pasado como mejor ejemplo de los avances logrados. En ese sentido, era común escuchar defensas airadas de los logros en materia electoral tomando como ejemplo los muchos déficit que existían en esta materia hace diez o quince años. Sin embargo, si bien existieron cambios innegables que permitieron una mayor competencia partidista, argumentos de este tipo son ejemplo de la retórica más simplista y maniquea. En efecto, un recurso muy común de la política es sobrevaluar el presente en virtud de un pasado que siempre fue peor. Atendiendo a esta lógica, podría argumentarse también que en el pasado nuestro país era una sociedad tradicional y rural y que ahora somos una nación moderna e industrial. Como si con esta afirmación pudiera ocultarse que nunca en la historia de nuestro país existieron tantos mexicanos en condiciones de miseria extrema como en las actuales circunstancias. Algo similar puede decirse de la reforma electoral. La defensa de los avances alcanzados no podía ocultar el descontento de la población que aún no se sentía plenamente respaldada ni respetada en sus derechos políticos y civiles más elementales. Baste considerar al respecto el incremento escandaloso en los últimos años del viejo régimen del número de presos políticos así como de violaciones a los derechos humanos, según lo registran asociaciones como Amnistía Internacional o la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Acaso éste es el precio que la sociedad debía pagar en nombre de los supuestos “avances” en materia electoral?
c) Las tesis de la futilidad
En su forma más simple, este argumento reaccionario puede representarse con la siguiente proposición: la acción prevista intenta cambiar unas características estructurales (“leyes”) del orden social; está destinada por consiguiente a ser enteramente inefectiva, fútil.
En el caso de México es posible reconocer múltiples argumentos retóricos con esta forma elemental. Al efecto, considérense los siguientes tres ejemplos:
Ejemplo 1. El Estado de derecho debe ser el único marco legítimo para actuar la transición.
Esta afirmación pretendía fijar los límites dentro de los cuales es permisible el cambio. En sí mismo fue un argumento convincente y, por lo mismo, de gran peso para justificar las decisiones políticas oficiales. Sin embargo, era igualmente engañoso que los anteriores. En principio de cuentas, era precisamente el Estado de derecho lo que no existía todavía en el viejo régimen, sino a lo sumo un ordenamiento normativo que convenía a los intereses de la elite gobernante y que la mayor de las veces fue utilizado con fines políticos. En los hechos, se seguían violando indiscriminadamente los derechos humanos y no existía una auténtica división y distribución del poder, por mencionar dos condiciones básicas de cualquier Estado de derecho. En segundo lugar, con esta afirmación se establecía implícitamente que la Constitución vigente no estaba en discusión en la perspectiva de un cambio democrático. Esta última cuestión me parece igualmente engañosa, pues si realmente prevaleciera la convicción por instaurar nuevas reglas del juego e instituciones democráticas resultaba inevitable encaminar el proceso hacia una reforma integral de la Constitución, cosa que nunca ocurrió en el régimen priista y lamentablemente tampoco después de la alternancia del 2000. Entre otros puntos, la transición democrática exige considerar los siguientes aspectos constitucionales: a) establecer mecanismos más parlamentarios que ejecutivos; b) introducir elementos que garanticen la autonomía real del poder judicial; c) suprimir trabas históricas para un verdadero federalismo; y d) establecer diversos mecanismos de representación directa en distintos niveles.
Ejemplo 2. Ni a la española ni a la argentina, la transición en México será a la mexicana.
Al igual que en el caso anterior esta afirmación es una variante del finalismo determinista. Se trata de un recurso ideológico porque se apela a un falso nacionalismo para justificar cierta axiología política que no tiene por qué equipararse a la que existe en otros países. Bajo esta concepción era frecuente escuchar airadas defensas de la política a la mexicana. Hay quien afirmaba incluso que quien critica al régimen político mexicano desconoce su historia y sus tradiciones políticas, las cuales han dado lugar a una particular forma de dirimir los conflictos que sólo se explica en su contexto cultural. Frente a este tipo de argumentos sólo cabe anteponer el sentido común. Ciertamente, la política está determinada por factores culturales e históricos. Sin embargo, como ejercicio de poder no tiene nacionalidad. El ejercicio del poder político en cualquier contexto relaciona a los gobernantes con los gobernados. Dicha relación puede fundarse en principios democráticos (tolerancia, sufragio, consenso, participación, respecto a la disidencia, etcétera) o no democráticos (enorme discrecionalidad en las decisiones, controles autoritarios, cooptación y/o represión de la disidencia, arbitrariedad y abuso de autoridad, perpetuación en el poder, etcétera). En ese sentido, más que buscar en nuestra pretendida “mexicanidad” justificaciones de nuestros muchos déficit democráticos, sería más productivo confrontar o contrastar nuestra realidad política con la de otros países que sí transitaron a la democracia, para descubrir, entre otras cosas, los muchos obstáculos que la han retardando tanto tiempo en el nuestro.
Aún así, si puede hablarse de una cultura política priista dominante, son más los motivos para rechazarla que para intentar preservarla. Así, por ejemplo, no creo que a estas alturas haya quien defienda como una virtud de nuestra tradición política la excesiva personalización del poder que condujo a una sumisión silenciosa y a una veneración de la autoridad superior. Lo mismo puede decirse de lugares comunes como el padrinazgo, vivir del presupuesto, el clientelismo, no actuar hasta que no haya línea, la lealtad y la disciplina al jefe de la camarilla para seguir aspirando a participar de los grandes negocios, la política como medio de enriquecimiento, el caciquismo, el tapadismo, el charolazo, el soborno, la corrupción, el chayotazo, la cooptación, etcétera.
Finalmente, concepciones como ésta se basan en un pretendido esencialismo incontaminado que sólo logra encubrirse con argumentos banales del tipo “los mexicanos somos chingones” o “como México no hay dos”, que implican la negación del “otro” para justificar conductas y actitudes y encubrir carencias. En síntesis, cualquier defensa esencialista o nacionalista es antidemocrática de origen, pues se funda en la intolerancia.
Ejemplo 3. México no requiere de una transición democrática, pues el país ha contado durante décadas con una democracia formal. A lo sumo, se requiere profundizar la “normalidad democrática”.
Esta afirmación se debe a Zedillo. Con ella, el entonces presidente pretendió eliminar o trivializar de un plumazo las muchas tentativas y propuestas que desde años atrás sostenían la mayoría de los actores políticos en México que aspiraban a instaurar en el país una auténtica democracia. Quizá no exista un mejor ejemplo de la tesis de la futilidad que éste. Aquí se observa claramente cómo en boca de los gobernantes el discurso de la transición democrática se pervierte, se convierte en una mera retórica vacía de contenidos.
4. De la retórica reaccionaria a la retórica progresista
Con los ejemplos anteriores he querido demostrar las implicaciones retóricas del discurso oficial sobre la transición durante el régimen priista. Ninguno de los argumentos esgrimidos se sostiene en contraste con los resultados reales y tampoco en su propia lógica discursiva. Habrá quien diga que el mismo ejercicio de crítica puede y debe hacerse a quienes defendieron la estrategia del cambio contraria o alternativa —la transición pactada—, que seguramente contiene elementos retóricos e ideológicos. El problema está en que esta segunda perspectiva fue en los hechos sistemáticamente cancelada y descalificada por la primera. Es decir, no se le concedió ni siquiera el beneficio de la duda. En la perspectiva de la primera estrategia, la segunda era tan radical y polarizada que conduciría irremisiblemente a la violencia y el autoritarismo. Es decir, la descalificación de cualquier estrategia diversa a la oficial se realizaba mediante un engaño discursivo más, pues nadie podía asegurar que la estrategia oficial era más eficaz que cualquier otra. Más aún, existían entonces buenos argumentos para suponer lo contrario; es decir, que si no había un cambio de estrategia en el corto plazo, entonces sí nos acercaríamos a una situación de ingobernabilidad y de recrudecimiento autoritario con un enorme costo para la nación.
El problema es que ni siquiera era nítido el perfil de cada posición. Dado que los temas de la democracia y la transición fueron ocupados discursivamente por el poder, los reaccionarios se decían progresistas y descalificaban a los adversarios por reaccionarios. El efecto de todo ello fue una mayor confusión e incertidumbre. Los engaños del gradualismo se reproducían e internalizaban en el imaginario colectivo casi imperceptiblemente. Como cualquier discurso del poder se trataba de engaños instrumentales difíciles de desenmascarar.
Pero aún reconociendo lo anterior, queda por ejemplificar algunas de las retóricas progresistas más comunes. Utilizando la misma tipología de Hirschman, observamos que a cada argumento reaccionario puede anteponerse un argumento progresista. Así, a la tesis reaccionaria del riesgo (la acción prevista traerá consecuencias desastrosas), los progresistas anteponen la tesis del riesgo inmanente (no llevar a cabo la acción prevista traerá consecuencias desastrosas); a la tesis de la perversidad (una nueva reforma o una reforma radical puede tener un efecto contrario al deseado), anteponen un “predicado desesperado” (el país se encuentra en una disyuntiva histórica que lo obliga a transformarse radicalmente); y a la tesis de la futilidad (la acción prevista que intenta cambiar el orden social está destinada a ser fútil), anteponen la conocida tesis del “gato pardo” (las reformas emprendidas por las autoridades sólo son cambios para no cambiar nada).
En el caso de México, todas estas retóricas progresistas fueron muy comunes entre los partidos de oposición. Así, por ejemplo, era frecuente escuchar el argumento según el cual el país se encontraba en la disyuntiva histórica de una transición por ruptura o una transición pactada. De acuerdo con ello, sólo la segunda opción garantizaba un tránsito no violento o traumático y al mismo tiempo eficaz, por lo que se exhortaba a la sociedad a no flaquear en la lucha por la democracia. Obviamente, argumentos de este tipo son retóricos no sólo por sus contenidos finalistas y deterministas, sino también porque en los hechos se mostró que el régimen priista tuvo una gran capacidad para neutralizar los conflictos y para adaptarse a los desafíos del exterior. Asimismo, predicamentos desesperados como éste, aunque pueden tener parte de verdad, sólo son eficaces en el contexto de una polarización real entre las estructuras del régimen y el resto de la población, y en México siempre existieron amplios sectores que votaban por el partido en el poder y que eran sustancialmente reticentes al cambio.
Pero más que este tipo de argumentos, por las propias características de la apertura del viejo régimen, el argumento del gatopardismo fue más recurrente para descalificar las iniciativas de la elite gobernante. Desde esta perspectiva, cualquier modificación introducida respondía más a los intereses de la elite gobernante de conservarse en el poder que de generar mejores condiciones para el pluralismo y la competencia; la transición era más una estrategia para ganar tiempo que para lograr una transformación real. Este tipo de argumentos podían ser sustancialmente correctos, pero sus contenidos retóricos afloraban cuando se exacerbaban sus presupuestos. Ciertamente, una liberalización política como la ensayada por el régimen político mexicano era más una estrategia de continuidad que de cambio, de adaptabilidad que de transformación. Sin embargo, en el espacio institucional que la propia liberalización política permitía, se generaba la posibilidad de mayor competencia y participación que podía vulnerar al propio régimen que se trataba de preservar. Este hecho constituye un cambio sustancial y/o potencial que los supuestos actores “progresistas” no podían subestimar so riesgo de estar siempre fuera de la jugada.
5. A manera de conclusión
En los tiempos de la transición los mexicanos nos convertimos en espectadores, la mayor de las veces pasivos, de una comedia de farsas y engaños, que tuvo como actor principal a la clase política priista. Hubo tal inconsecuencia entre el discurso y las acciones que el país de las maravillas imaginado por Lewis Carroll se quedó corto. Aquí, no sólo se avanzaba retrocediendo, sino que también se reformaba sin reformar, se pactaba imponiendo, se aplicaba la ley transigiendo, se toleraba la disidencia reprimiéndola, etcétera. El recurso a las retóricas de la intransigencia fue sistemático y en algunos aspectos sigue siéndolo todavía en la era de la alternancia.
Sin embargo, en los últimos años del viejo régimen, el contenido del discurso oficial tuvo que adecuarse a las condiciones cambiantes y que amenazaban su continuidad; modifico así sus presupuestos ideológicos, el tipo de valores supuestamente enarbolados, etcétera. Sin embargo, fue hasta el final un discurso pervertido, un discurso supuestamente democratizador que en lugar de definir un rumbo, confundía, ocultaba, engañaba. Y en esa inconsistencia entre discurso y práctica todo terminó por resultar absurdo, y en ello, paradójicamente, residía su eficacia: la dimensión real de los acontecimientos se difuminaba, el verdadero carácter de las decisiones y los objetivos perseguidos, también.
Hoy sabemos que la única posibilidad para caminar como nación hacia la democracia plena supone un cambio de estrategia hacia la transición pactada, hacia un gran pacto nacional que actualice nuestro entramado institucional en clave democrática. Pero aún no ha llegado el momento en que esta convicción sea compartida por todos los actores políticos, pese a que algunos empiezan a considerarla.
En esa perspectiva conviene subrayar que toda transición es resultado de modificaciones a las reglas del juego que conciernen y acuerdan los actores políticos. Estas reglas transforman las bases institucionales del Estado y pueden conducir a un nuevo régimen. Las transformaciones producto de los pactos son fundamentalmente jurídicas y por regla general conducen a la reelaboración de una nueva Constitución o a la negociación de profundas transformaciones en la misma.
En el caso de México, sigue predominando la idea de que la Constitución de 1917 es una norma impecable que, en caso de que se aplicara integralmente, permitiría que en nuestro país funcionara realmente un régimen democrático. Esta idea es totalmente errónea, pues cualquier análisis crítico a nuestra norma fundamental demuestra que es una Constitución pensada y diseñada para perpetuar a un régimen autoritario. Esto no se debe a deficiencias de la propia Constitución del 17, sino a las múltiples reformas que ha sufrido. Así, por ejemplo, la Constitución acentúa el papel del poder Ejecutivo en detrimento de los otros poderes y favorece el centralismo político en lugar de propiciar el federalismo y el respeto al municipio autónomo y libre. En ese sentido, si una Constitución debe ser el espejo de una nación, la actual Constitución mexicana es un fiel reflejo de la realidad política y social del país, una realidad que evidentemente no deseamos.
Pero volviendo a nuestro punto, la democracia no puede construirse desde discursos intransigentes, sean estos “reaccionarios” o “progresistas”. Las retóricas de la intransigencia son peligrosas porque en lugar de tender puentes, polarizan; en lugar de armonizar esfuerzos, dividen. Es ésta una dura lección que también habremos de aprender quienes aspiramos legítimamente al avance democrático en nuestro país.
*Una primera versión de este ensayo se publicó hace 15 años (C. Cansino, “La retórica de la reacción. Los usos del discurso político en México”, Estudios Políticos, México, cuarta época, núm. 13, octubre-diciembre 1996, pp. 7-32). Al releerlo constaté que prácticamente todas las tesis defendidas entonces seguían conservando una gran actualidad y seguían siendo útiles para ilustrar cómo la lucha a favor o en contra del cambio democrático en México también se libró en el terreno de los discursos, en el ámbito simbólico de la confrontación ideológica. En virtud de ello, decidí reproducirlo en este volumen con algunos ajustes, por lo que se pide al lector que lo lea con una visión de largo plazo.
[3]Este tipo de argumento puede documentarse prolijamente en cualquiera de las tres olas reaccionarias mencionadas arriba. Así, por ejemplo, son memorables los argumentos de Edmund Burke contra los “sueños y visiones engañosos de igualdad y de derechos del hombre” prohijados por los jacobinos; o los comentarios de Jacob Burckhardt sobre el “despotismo de las masas” en clara alusión a la extensión sin controles del sufragio a mediados del siglo XIX en Francia; o, finalmente, las muchas críticas neoliberales al Estado de bienestar en la lógica de que todo aquello que modifique las leyes del mercado, como pueden ser los precios o los salarios, se convierte automáticamente en una nociva interferencia en los beneficios equilibradores. Ahora bien, la recurrencia a este tipo de argumentos tiene que ver con su eficacia para convencer o anular al adversario. Es muy común entre los científicos sociales pues les confiere un sentimiento de superioridad frente a los demás que no son capaces de prever las consecuencias involuntarias. Como quiera que sea, el recurso a este argumento más que a criterios de verdad responde a la propia lógica de la argumentación retórica como reacción. Ibid., pp. 21-54.
[4]También existen diversos ejemplos históricos para documentar este tipo de argumentos. Piénsese por ejemplo en la afirmación de Tocqueville para quien la Revolución Francesa representó una ruptura respecto del Antiguo Régimen mucho menos real de lo que se había pensado en realidad. Son igualmente ilustrativos los argumentos de Mosca y de Pareto con respecto a la futilidad de ampliar el sufragio, por cuanto que ello no vulneraría una condición sine qua non de todo régimen: la división entre gobernantes y gobernados, entre la elite y la no elite. Finalmente, pueden referirse los muchos cuestionamientos neoliberales a la forma en que el Estado benefactor “entrega los bienes” a los pobres, por cuanto no elimina la pobreza. Ibid., pp. 55-95.
[5]En el primer punto destacan los argumentos de pensadores liberales del siglo XIX, como los ingleses James Fitzjames Stephen, Henry Maine y Herbert Spencer, o los franceses Benjamin Constant y Fustel de Coulanges. En el segundo punto están prácticamente todos los pensadores neoliberales del siglo XX, desde Friedrich Hayek hasta James O’Connor. Ibid., pp. 97-150.
César Cansino
Nació en la Ciudad de México. Se formó como politólogo y filósofo en la UNAM. Se doctoró en la Universidad de Florencia y la Universidad Complutense. Recibió el Premio Nacional de Periodismo en 1995 y 2003 por artículo de fondo, y el Jean Monnet Award en 1991, otorgado por la Comunidad Europea. Es Investigador Nacional nivel III y Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias.
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